Influencia de la Iglesia Católica se ha ido diluyendo con el tiempo.

Influencia de la Iglesia Católica se ha ido diluyendo con el tiempo.

No solo era necesario leer, escribir y tener 21 años, si no, como primera condición, ser católico. Lo establecía la octava Constitución del Ecuador de 1869, durante la presidencia de Gabriel García Moreno, un político conservador radical. Desde la época de la conquista española hasta la actualidad la Iglesia católica ha estado presente. Su influencia ha sido espiritual, pero también económica, social y política.

Desde entonces, poco a poco, ese control fue asumido por el Estado y la influencia de la Iglesia católica en la sociedad ecuatoriana se ha visto aminorada, a decir de historiadores, por diversos factores: porque la población se ha vuelto más diversa, porque dejó de ser parte oficial del Gobierno (en 1900 se creó el Registro Civil y la Iglesia perdió el control poblacional que se lo registraba en las parroquias), porque las nuevas generaciones están menos apegadas a lo religioso y, entre otros, porque la sociedad ha identificado una separación, no oficial, de la iglesia jerárquica (conservadora o de extrema derecha) y la de izquierda (llamada progresista). En el país, hay 14’483.499 ecuatorianos (VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010). De este total, el 85% es católico y el 15% es practicante.  

Los historiadores Juan Paz y Miño y Enrique Ayala coinciden en que no se puede separar la Iglesia de la política.

Las relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno del Ecuador sufrieron una ruptura con el Liberalismo hasta que el 24 de julio de 1937 ambas partes firmaron un Modus Vivendi que garantiza el libre ejercicio de los derechos fundamentales de pensamiento, conciencia y religión, en lo privado y público.

Durante los últimos veinte años la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se ha pronunciado sobre temas político-sociales que han considerado afectan a la sociedad. La deuda externa, el ‘bono de la pobreza’ para las madres solteras y de la tercera edad, la delincuencia, el presupuesto del Estado, la Constitución y las reformas penales han sido temas de preocupación.